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Millonaria demanda contra Uribe

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La Gobernación de Antioquia pretende que el hoy senador pague los $275 millones que le costó la condena por el despido de un trabajador de la Fábrica de Licores de Antioquia.

El Consejo de Estado tiene en sus manos una demanda interpuesta por la Gobernación de Antioquia contra el exgobernador y hoy senador Álvaro Uribe Vélez, con la que esa entidad pretende que el exmandatario pague los $275 millones que le costó al departamento el despido injustificado de un trabajador de la Fábrica de Licores de Antioquia, John Jairo Patiño Campuzano, en 1997, cuando Uribe fue gobernador.

En 2013, el Consejo de Estado condenó a la gobernación a indemnizar a Patiño y, además, a reintegrarlo en su cargo. Un año después esa entidad interpuso la ya mencionada acción de repetición para que Uribe sea declarado patrimonialmente responsable por este despido, debido a que fue él quien firmó el decreto por el que Patiño fue desvinculado.

El alto tribunal define ahora si admite la demanda o la devuelve a un juez administrativo. La duda es si, debido a que Uribe es actualmente senador, el proceso debe ser conocido en primera instancia por el alto tribunal. El Consejo de Estado remitiría la demanda a un juez administrativo porque los hechos a los que se refiere ocurrieron mientras Uribe era gobernador. Sin embargo, la Procuraduría ha dicho que, no obstante, la condición de Uribe como senador obliga a que el alto tribunal conozca el expediente.

 

Todo se remonta a 1997. En ese año, varios trabajadores de la Fábrica de Licores de Antioquia, entre ellos John Jairo Patiño Campuzano, quien se desempeñaba como operario de oficios varios, fueron desvinculados de esta empresa en virtud de dos decretos firmados por el entonces gobernador Álvaro Uribe Vélez.

En concreto, mediante el decreto 2563 de 1997, el entonces mandatario regional dispuso suprimir 33 cargos de operarios de oficios varios, nivel 1 y grado 2, asignados a la Fábrica de Licores de Antioquia. Y mediante el decreto 2848 de ese mismo año dispuso la desvinculación de Patiño Campuzano. En su lugar fueron contratados funcionarios en provisionalidad para ejercer esos cargos.

Patiño demandó a la Gobernación por estos hechos y el 28 de septiembre de 2009 el Tribunal Administrativo de Antioquia le dio la razón y ordenó su reintegro. En su criterio, pese al trato preferencial del que Patiño debía gozar frente a aquellos empleados en provisionalidad por estar inscrito en carrera administrativa, “fue desvinculado, motivo suficiente para declarar la nulidad de los actos acusados”.

Luego, el 28 de junio de 2012, el Consejo de Estado confirmó la decisión. El alto tribunal sostuvo que con su despido y el de sus compañeros se incurrió “en desviación de poder, toda vez que con la supresión de cargos no se buscó el mejoramiento del servicio, sino que se perseguía desconocer los derechos laborales de quienes se desempeñaban como operarios de servicios varios”.

En entrevista con este diario, Patiño contó que una vez, en 1997, los encerraron en donde entonces quedaba la capilla de la Gobernación de Antioquia, que había policías custodiándolos y que les dijeron que no los iban a dejar salir hasta que firmaran unos documentos. Nadie lo hizo y, al final, salieron del lugar. No obstante, a los pocos días, al regresar a sus puestos de trabajo, les dijeron que ya no pertenecían a la Fábrica de Licores de Antioquia.

Sostuvo Patiño que, al parecer, sus puestos fueron ocupados por personas inexpertas pero que eran cercanas al gobernador. Dijo además que fueron 15 años de espera, que a él fue al que se le demoró más el trámite, que el Consejo de Estado les reconoció apenas la mitad de lo que pedían y que gran parte de lo que recibió se le fue pagando abogados. Incluso, agregó, uno de sus abogados terminó trabajando para la Gobernación y no hizo nada. Patiño fue reintegrado mediante decreto del 21 de diciembre de 2012.

Entonces, la Gobernación de Antioquia decidió interponer una acción de repetición contra Uribe. En la demanda, conocida por El Espectador, esa entidad pide que “se condene al doctor Álvaro Uribe Vélez a pagar a favor del departamento de Antioquia la suma de $275’839.651 que éste debió cancelar a John Jairo Patiño Campuzano, en cumplimiento de la sentencia condenatoria proferida por el Consejo de Estado”. Esto, en referencia al “funcionario que expidió el decreto que fue declarado parcialmente nulo”.

La demanda fue interpuesta ante el Juzgado Décimo Administrativo de Medellín. No obstante, este declaró que tales temas no eran de su competencia y por ello envió el expediente al Consejo de Estado, donde fue encargado a la magistrada Olga Mélida Valle de la Hoz, quien en un auto del 1º de julio pasado decidió mandarlo de regreso al Juzgado Décimo, porque, en su criterio, aunque el Consejo de Estado debe conocer de acciones de repetición contra aforados, entre ellos senadores y representantes, el cargo de gobernador no se encuentra en esta lista. Sin embargo, la Procuraduría repuso el fallo. Falta ver qué decide el Consejo de Estado al respecto.

Este diario intentó comunicarse con el senador a través de su jefe de prensa, pero el expresidente se encontraba en un evento y al final fue imposible hablar con él. El Espectador se contactó además con su abogado, Jaime Granados, quien prefirió no pronunciarse porque desconocía el caso y no estaba facultado para hablar al respecto. A este enredo deberá ponerle punto final el Consejo de Estado. Un caso que 18 años después incomoda al expresidente, senador y jefe natural del partido Centro Democrático.

 

 

Fuente: El Espectador.

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