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El hombre que tiene al ministro Cristo contra las cuerdas

collage_politicaHoovert Carabalí, representante de un pequeño consejo comunitario en zona rural de Buenaventura, tiene al funcionario a punto de pagar un día de arresto.

Un líder afrodescendiente del Consejo Comunitario de la Plata Bahía Málaga, en Buenaventura (Valle), tiene contra las cuerdas al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Se trata de Hoovert Eladio Carabalí, quien es representante legal de un consejo comunitario de no más de 300 personas, y ganó una tutela que sanciona a Cristo por desacato con un día de arresto y un salario mínimo de multa.
El fallo fue proferido por César Augusto Saavedra, juez segundo administrativo de Santiago de Cali, y le da la razón al desconocido líder comunitario en los siguientes términos: “imponer multa de un salario mínimo legal mensual vigente al ministro del Interior, doctor Juan Fernando Cristo” y sanciona al ministro “con un día de arresto en los calabozos de la Sijín”.
La historia de esta controversia data de 2010,  recién llegado a la Casa de Nariño el presidente Juan Manuel Santos, cuando el asunto de la consulta previa a comunidades étnicas se convirtió en una papa caliente que nadie quería tocar. Durante la última etapa del gobierno Uribe funcionó como máxima instancia de consulta de las comunidades negras una  junta de representantes elegidos a través de un dudoso sistema de elección.
En 2010, la Corte Constitucional tumbó el espacio, ordenó al Gobierno respetar los derechos a la consulta previa, libre e informada de las comunidades y su derecho a decidir quiénes los representan en instancias nacionales y cómo deben llevarse a cabo las consultas previas. Para salir del paso, el Ministerio del Interior emitió un decreto a través del cual convocó a los consejos comunitarios con títulos colectivos.
El consejo de La Plata Bahía Málaga, que no cumplía este requisito, tuteló la decisión y argumentó que el derecho a la consulta previa estaba establecido en la Constitución Nacional y que todos los pueblos negros, afrodescendientes, raizales o palenqueros, sin importar su forma de gobierno o la situación jurídica de sus territorios, tenían derecho a gozar de él.
En el juzgado, Hoovert Carabalí perdió su primera batalla, pero la Corte Constitucional eligió para revisión el proceso y falló a favor del consejo comunitario. Además, tumbó el decreto 0121 del 2012 del Ministerio del Interior, a través del cual se le daba forma jurídica a la consultiva de alto nivel, espacio para la consulta de proyectos de hondo calado con las comunidades negras. Además, la Corte ordenó definir con las comunidades un protocolo de consulta previa.
El Gobierno se vio obligado a parar todos los procesos de consulta y a proponer nuevos caminos para resolver la materialización del derecho a la consulta previa. Por eso gastó casi $4.000 millones en el Congreso Nacional de Comunidades Negras, que se realizó en agosto de 2013 en Quibdó. Durante tres días, cientos de comunidades de todo el país se reunieron para discutir la implementación de sus derechos. Al acto asistieron el presidente  Santos y el entonces vicepresidente Angelino Garzón. Al final, el protocolo construido por las comunidades quedó archivado.
Pero nuevamente la Corte Constitucional intervino en favor de las comunidades y en octubre de 2014 profirió una histórica sentencia en la que pidió garantizar los derechos de todas las comunidades y le extendió un  llamado de atención al Ministerio del Interior por sus actuaciones. En especial por el decreto 0121 de 2012. Además, ordenó que se convocara a todas las comunidades afros a debatir sobre el espacio nacional de consulta y obligó a dar a tomar como referencia el protocolo construido por las comunidades en Chocó.
Es aquí  donde vuelve a aparecer Hoovert Carabalí, quien instauró una tutela por desacato a las medidas definidas por la Corte Constitucional en noviembre de 2014. Según Carabalí, ni el ministro Cristo ni el gobernador del Valle, Ubéimar Delgado, habían cumplido con la decisión del alto tribunal.
Hace siete días el juzgado administrativo volvió a darle la razón a Carabalí y sancionó al ministro Cristo. Desde el Ministerio se argumenta que ellos han dado complimiento a las decisiones de la Corte y afirman que ni Cristo ha sido notificado de la decisión, ni el Tribunal Superior del Valle ha sido consultado. Y esta será la instancia que finalmente decida esta controversia jurídica.

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